Primero que todo podríamos partir explicando qué se entiende como área protegida en Chile, y, según lo indica el decreto supremo n°40 del año 2013 del Sistema de Evaluación Medio Ambiental(SEIA), estas son porciones de territorio, delimitadas geográficamente y establecidas mediante un acto administrativo de autoridad competente, colocadas bajo la protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, cuyo fin es tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental.
Este año Chile superó la cifra de 18 millones de hectáreas protegidas, resultando que a la fecha sólo el 21,5% de la superficie terrestre este bajo alguna figura de protección.
Las áreas naturales protegidas son espacios estratégicos para impulsar los objetivos de un desarrollo sustentable. La conservación de estos hitos contribuye a la sostenibilidad y sustentabilidad al generar condiciones de prosperidad para las comunidades y futuras generaciones que habiten en ellas.
La importancia de estas áreas radica en que son espacios que resguardan la biodiversidad de un ecosistema, y proveen de servicios ambientales a amplios sectores de la sociedad contribuyendo a la justicia social de lo que implica vivir en comunidad.
La Patagonia concentra un 91% de la superficie protegida en parque nacionales, lo que es preocupante debido a que a raíz de esto nace la interrogante sobre qué pasa con regiones como el Maule y otras, donde el sistema de conservación de áreas protegidas es bastante bajo.
Sin ir más lejos, en la la VII región existe la última reserva de árbol nativo Nothofagus Alessandrii, conocido también como Ruil; especie en peligro de extinción, quedando al rededor de 50 hectáreas, esta clase es la más primitivos de todos los robles chilenos, el cual es endémico del valle del Río Curanilahue.
Con todo esto, es donde nace la conjunción respecto al rol de la sociedad civil en el cuidado de la preservación de especies protegidas. Es importante que la comunidad tome un rol protagónico en el fortalecimiento de las medidas de mitigación y preservación del medio ambiente, ya que es claro que el Estado no puede solo.
Plantear políticas de cuidado del ecosistema en el mediano y largo plazo es una de las mejores inversiones que podemos hacer como ciudadanos, ya que resguardar y proteger estos espacios aumenta la biodiversidad del ecosistema, mitiga el cambio climático, y lo que no es menor, incentiva el turismo, mejorando la actividad económica en una región donde falta explorarla y sacarle provecho a sus encantos; puse de ejemplo la reserva de los Ruiles, pero tenemos el Rio Achibueno, Vilchesalto, y muchos más zonas que merecen ser protegidas, más que por el Estado, primero por nosotros los ciudadanos.
Las áreas protegidas también son atractivos turísticos de alto valor patrimonial para los países y pueden generar grandes fuentes de ingreso y de empleo a diversas comunidades de una forma muy expansiva y democrática, si es que las políticas públicas apuntan a eso. Claros ejemplos de ello son los parques nacionales Torres del Paine y Vicente Pérez Rosales que han otorgado una gran cantidad de recursos a localidades como Puerto Natales y Ensenada respectivamente, cuyas economías dependen en casi su totalidad de la belleza natural y privilegiada de su entorno y por ser puerta de acceso a estos parques, empresas turoperadoras de rafting, trekking, kayak, restaurantes, hostales, hostales, campings, lodge, minimarkets, casinos de juego, empresas de transporte y un sin número de otras que se requieren para poder satisfacer todas las necesidades que tanto la población local como la visitante tienen. Es decir son ciudades o pueblos enteros que viven del turismo gracias al interés que despiertan para los visitantes el poder ir a zonas de belleza natural.
La séptima región esta dotada de una gran número de este tipo de zonas naturales (algunas ya protegidas) que podrían servir como fuente de ingreso y de empleo a las economías locales. Pero para poder hacer eso con lugares como la reserva nacional Los Ruiles o la reserva nacional Los Queules, no solo basta con un decreto de ley que las califique como áreas protegidas, sino que falta mucho más.
Hay que generar un plan de acción conjunto, con diferentes entidades publicas y privadas para dotar a la comunidad de las herramientas y de la infraestructura necesarias para que este fenómeno ocurra.Por solo dar un ejemplo, la Reserva Nacional Los Queules no cuenta con ni siquiera un guardaparque, es muy difícil llegar por problemas de señalética, y casi nadie sabe de ella. El humedal de Laguna Reloca, otro ejemplo, tiene el portón de acceso cerrado por privados, no cuenta con protección del estado, pese al alto valor ecosistémico que posee y a la gran biodiversidad de aves que lo utilizan como lugar de paso necesario en sus migraciones. Las Ciénagas de Name casi nadie las conoce y no cuenta con ningún tipo de infraestructura para el visitante, excepto por un cartel del MOP que las anuncia en la Ruta de Los Conquistadores. Ejemplos como estos hay varios, y en todos se repiten las mismas constantes. Falta de recursos, de conciencia turística, de un plan de acción, de un relato o ruta que integre esta información.
En países desarrollados, tales como Estados Unidos y Nueva Zelanda, esto sería impensado. Desaprovechar el potencial turístico de los atractivos que hay implícitamente en las áreas naturales es imperdonable. En esos países, hay un letrero en cada cascada, sendero, parque, lugar histórico, museo, valle, río, lago, glaciar, zona de animales silvestres, etc.
Todo esto le da al visitante la oportunidad de participar de un cuento, de una historia y de sentirse parte del lugar de una manera mucho más profunda, haciendo la experiencia de este mucho mejor, lo que redunda en que vuelva a visitar estos lugares y permanezca más tiempo en los mismos, con el consiguiente ciclo virtuoso que esto entrega para las economías locales de las zonas poseedoras de bellezas naturales. Esas políticas publicas no son al azar, son fruto de un arduo trabajo de los gobiernos que entienden esto, buscando con ello y siempre mediante del turismo sustentable, el desarrollo de sus pueblos.
Parte de vivir en ciudades más justas, comienza por tomar conciencia de lo que hacemos a diario; el medio ambiente y la naturaleza, exigen un cambio de mentalidad “hoy”, porque mañana puede ser demasiado tarde, y no somos nosotros los que vamos a sufrir esas consecuencias, si no que serán las futuras generaciones, y dejo la pregunta abierta: ¿qué planeta o región le queremos dejar a nuestros hijos?
