Entrevista con Lorena Recabarren, Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
“Nadie merece morir en la cárcel de Covid-19” dijo el protagonista de Joker, Joaquin Phoenix a través de un video en twitter pidiéndole al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo liberar a personas mayores. La crisis sanitaria del Covid-19 ha planteado el desafío y prioridad, a nivel mundial, de la protección de los Derechos Humanos de la población privada de libertad.
Fue así como nuestro Gobierno esta semana promulgó la Ley de indulto conmutativo que no significa impunidad como dijo el Presidente Sebastián Piñera, si no que “modifica la forma en que se cumple la pena, sutituyendo la reclusión en penales por privación todal en los domicilios”
Conversamos esta semana con nuestra Subsecretaria (Evópoli) de Derechos Humanos, Lorena Recabarren para profundizar en esta ley recién aprobada.
La promulgación de este proyecto -Ley de Indulto General Conmutativo- es una muy buena noticia. Debido a que por la pandemia que estamos enfrentando, era necesario descongestionar los recintos penitenciarios a lo largo del país.
La crisis que enfrentamos nos obliga a tomar medidas extraordinarias. La población dentro de los recintos penitenciarios, enfrenta condiciones de hacinamiento que dificultan o hacen imposible la implementación de medidas sanitarias como el aislamiento social, el lavado frecuente de manos y otras recomendaciones de la autoridad sanitaria, entre otras dificultades.
Esta ley se hará cargo, específicamente, de quienes son parte de la población de riesgo y de grupos de especial atención, es decir, adultos mayores, mujeres embarazadas y/o con hijos menores de dos años. Son cerca de 1.850 personas privadas de libertad, que no hayan cometido delitos graves, que serán beneficiadas con esta medida, pasando a cumplir arresto domiciliario total. Esta cifra representa el 6,6% del universo de condenados y un 4,4% del total de los privados de libertad.
Esta ley permitirá fortalecer la capacidad del Estado de proteger la vida y salud, no sólo de las personas privadas de libertad, sino que también de los gendarmes y sus familiares.
Me gustaría además ser enfática, y recordar que quienes están hoy privados de libertad, no están privados de su dignidad.
Sin embargo, es importante recordar, que esta medida excluye a quienes han sido condenados por delitos de gran gravedad, es decir, delitos como tortura, violación, cualquier delito sexual contra menores de edad, femicidio, homicidio, trata de personas, delitos terroristas y de lesa humanidad.
Si bien como Gobierno, estamos comprometidos con las víctimas de la delincuencia, somos los responsables de la salud y las vidas de quienes están privados de libertad. Por lo mismo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gendarmería, hemos diseñado un plan de acción que esperamos, sea suficiente para enfrentar esta crisis.
