Después de la rebaja de la clasificación de riesgo por parte de S&P, la solidez de nuestras finanzas públicas ha vuelto a estar en medio del debate público y político.
Más allá de la discusión propia de la trinchera electoral resulta bastante claro que es necesario revisar y tomarse tiempo para pensar si la actual regla de la política fiscal es la adecuada.
Tratando de simplificar un tema complejo, lo que ha sucedido es que nos hemos equivocado sucesivamente, al menos, desde el año 2009 en adelante, en la estimación de los parámetros que posteriormente definin el gasto acorde a la meta que cada gobierno se imponga en materia del balance estructural.
Es cierto que estas proyecciones no provienen del Ministerio de Hacienda, sino de paneles externos, más allá de que el equipo de Teatinos 120 establezca otros parámetros relevantes (como la inflación o el tipo de cambio), así como otras modificaciones al cálculo de los ingresos del Estado (la inclusión y posterior eliminación del precio del molibdeno es una de ellas).
Hemos sido más optimistas que la realidad, lo que me ha repercutido en una acumulación de excesos de gastos. Esto es un tema totalmente distinto al crecimiento efectivo del PIB o de la capacidad de recaudación del fisco, y tiene que ver más con la de inflexibilidad que tiene la regla para ajustar estimaciones a la realidad. Depende más bien de cada ministro de Hacienda hacer o no estos cambios, pero siempre va a ser ingrato cuando se trate de ajustar el gasto a la baja. Por ejemplo, este año Hacienda reconoció un menor crecimiento que el proyectado, lo que generará que el gasto crezca cerca de 4% versus el 2.7% que el Congreso aprobó, ya que se decidió no ajustar el gasto a la baja.
Si sabemos que es altamente probablemente que las estimaciones se corrijan. ¿Por qué no estipular en la ley de responsabilidad fiscal que Hacienda deba ajustar no sólo a las estimaciones de déficit, sino el gasto efectivo para mantener la meta estructural anteriormente planteada? Esto implica una pérdida de grados de independencia para Hacienda, pero también evita una desviación como la que hemos visto estos años.
Además, abre un tema adicional, que tiene que ver con la gestión del gasto. Implica, que a veces se deberá sub ejecutar, recortar programas ineficientes con más celeridad que la actual o reasignar partidas. Esto es probablemente lo más complejo del tema pues Hacienda se enfrenta a su presupuesto público que es altamente inercial y sobre el cual su capacidad actual de gestión es baja.
Este es un tema complicado y que implica una profunda reforma a la gestión más profunda del Estado. Pero si no se le hace frente, lo más probable es que el futuro tengamos que hacer un ajuste más doloroso.
