María Teresa Urrutia, de la Fundación Jaime Guzmán, sostiene esta semana en una columna en El Líbero que las últimas indicaciones del gobierno actual en torno al proyecto de ley de identidad de género, de fecha 7 de diciembre pasado, “buscan llevar al extremo el sentido ideológico de la iniciativa”.
Su gran argumento es que, a diferencia del proyecto despachado por el Senado, que sólo permite el cambio de sexo registral de los adultos, una de las indicaciones del gobierno amplía esta facultad a los menores de edad, ya que “las indicaciones buscan reincorporar el derecho a la identidad de género para todos los niños, sin importar su edad y sin considerar la opinión de los padres al respecto”.
¿Es efectivo lo anterior? No lo es, para nada. Y es precisamente lo contrario.
Ante todo, es importante aclarar que el proyecto original disponía que: “Toda persona tiene derecho” al reconocimiento y protección de su identidad de género, sin distinguir de manera expresa los casos de niños, niñas y adolescentes (7 de mayo de 2013). Sin embargo, al establecer como tribunal competente al juez de familia del domicilio del peticionario, los niños, niñas y adolescentes quedaban protegidos por el derecho común en materia de familia y de minoría de edad, manteniendo así los padres su derecho de asentimiento sobre sus hijos.
Pese a lo anterior, el proyecto derivado del segundo informe complementario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reguló expresamente la situación de los niños y niñas, al disponer que los menores de 14 años deberán presentar su solicitud ante el tribunal de familia por el padre o madre o por el representante legal (20 de octubre de 2016).
¿Qué sucedió después? Que, debido a la fuerte presión de organizaciones conservadoras, con el apoyo de algunos parlamentarios de la misma línea ideológica, se dispuso que el derecho a modificar la partida de nacimiento (o sexo registral), con el objeto de armonizarlo con la identidad de género autopercibida, debe quedar únicamente restringido a las personas mayores de 18 años (26 de mayo de 2017).
En otras palabras, quienes siempre se han opuesto a la autonomía progresiva de los niños y niñas —incluso de los adolescentes, que hoy poseen consentimiento sexual e imputabilidad penal—, no fueron los grupos LGBTI+, sino las organizaciones conservadoras, con el apoyo de algunos parlamentarios que comparten su visión ideológica. Mucho más todavía, estas organizaciones y parlamentarios no son precisamente partidarios de que el cambio registral de los niños, niñas y adolescentes sea decidido caso a caso y, cuando corresponda, con el debido asentimiento de los padres.
Es falso que, a diferencia de lo que sostiene Urrutia, la indicación propuesta por el gobierno atente contra el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ya que precisamente se busca reincorporar a los niños y a sus familias, quienes, en vez del mandato imperativo de la ley, podrán ellos optar a la solicitud de cambio de sexo registral con el apoyo de sus padres. La indicación en cuestión dispone lo siguiente: “En el caso de los niños y niñas menores de 14 años, la solicitud a que se refiere la presente ley deberá ser presentada por su padre, madre, representante legal o por quien lo tenga legalmente bajo su cuidado personal”. En suma, los conservadores como Urrutia no quieren que los niños cambien su sexo registral ni aun con el apoyo y autorización de sus padres.
Por tanto, quienes sí buscan violar el derecho de los padres son los grupos conservadores que se oponen a que niños, niñas y adolescentes puedan rectificar su partida de nacimiento cuando sienten y expresan, de manera persistente, una identidad de género distinta del sexo asignado al momento del nacimiento. En otras palabras, estos grupos prefieren que sea el Estado el que decida, de manera coactiva, por esas personas y familias. No se ve por dónde aquí se estaría aplicando el principio de subsidiariedad, del que deriva el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
Lamentablemente, no alcanzo aquí a extenderme en otros tres puntos que refiere Urrutia: a) las cifras aportadas por la Sociedad Chilena de Endocrinología (que responden a estudios muy discutibles y que no dan cuenta del sufrimiento de niños y niñas cuando no viven de acuerdo a su identidad de género); b) la decisión del solicitante, junto a su cónyuge, de conservar el vínculo matrimonial no disuelto (Urrutia es partidaria que sea el Estado el que lo disuelva ipso facto, incluso en contra de la voluntad de las partes); y c) el cambio de sexo registral fraudulento para obtener beneficios estatales, como la menor edad de jubilación (¿acaso la buena fe no se presume en nuestro derecho?).
Lo cierto es que la visión de Urrutia da cuenta de la permanente batalla ideológica del mundo conservador en Chile, que consiste en mantener una suerte de “estatismo sexual”, en la medida en que busca que el Estado posea e imponga (por la fuerza) una determinada visión en materia de sexualidad humana: binaria, procreacionista, heterosexual y excluyente de cualquier identidad sexual que se aparte de ese molde. ¿Puede justificarse, en el marco de una sociedad libre, una pretensión política de este carácter?
Valentina Verbal, historiadora, consejera de Horizontal
