Revisa la columna del asesor legislativo del diputado Luciano Cruz-Coke, José Antonio Valenzuela, quien cuestiona respecto a cómo la sociedad trata y se refiere a aquellos que sufren algún tipo de discapacidad.
Este lunes 29 de julio se cumplieron 11 años desde que Chile ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas casi 2 años antes, a fines del 2006. Este tipo de fechas son una buena oportunidad para revisar cómo estamos haciendo las cosas y cómo podemos avanzar hacia un mejor futuro para las personas en situación de discapacidad.
Pero para que ese análisis sea justo, vale la pena reconocer los enormes progresos que como país hemos tenido en la materia, que se han concentrado en el período posterior a la ratificación de la Convención. El año 2010 se publicó la Ley sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, que fomenta la inclusión en el mundo laboral, y obliga a nuestra sociedad a remover una serie de barreras que obstaculizan la inclusión de personas con discapacidad. También se publicó en 2012 la denominada “Ley Zamudio”, que tuvo su origen en el brutal asesinato de Daniel Zamudio motivado por su orientación sexual, y que permite, también, evitar y castigar discriminaciones contra las personas, incluidas las personas con discapacidad. Este tipo de iniciativas, han permitido visibilizar la situación de las personas con discapacidad en Chile.
Pero algo nos dice que, una vez aprobada una nueva norma para fomentar la inclusión laboral, vemos de inmediato a grandes empresas que prefieren ser multadas por la Dirección del Trabajo antes que cumplir con los deberes de inclusión que impone la ley. O que a pesar de los avances legislativos, las sentencias por discriminación motivadas en la discapacidad son por lejos las más frecuentes. También preocupa que cientos de colegios particulares no permitan la entrada de alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, o que todavía no tengamos cifras confiables que nos permitan saber cuántas personas se encuentran en situación de discapacidad en nuestro país.
Y es que si bien avanzamos, lo hemos hecho en el orden inverso, manteniendo instituciones que perpetúan una visión asistencialista de la discapacidad. Hoy, en Chile, a las personas con discapacidad intelectual no se les reconoce su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con la de los demás. Hoy, es una práctica recurrente que se los catalogue como “dementes” y por lo mismo como “incapaces absolutos” ante la ley, excluyendo a este grupo de todos los ámbitos de la vida jurídica. Y si nuestras leyes les dicen que no son capaces, ¿cómo pretendemos convencer a nuestra sociedad de las bondades de la inclusión? ¿cómo convencer a los empleadores de que personas con discapacidad serán un aporte y no una carga? ¿cómo hacer entender a apoderados que la inclusión escolar beneficia tanto niños sin discapacidad como aquellos que tienen necesidades educativas especiales? Y quizás más importante aún, ¿cómo convencemos a esos niñas y niños con discapacidad a los que queremos potenciar que sí se la pueden?
Mientras la ley mantenga etiquetas discriminatorias como la de “demente” para personas con discapacidad, y mientras los privemos por completo de la posibilidad de actuar porque creemos que los estamos “protegiendo”, difícilmente vamos a ver mejoras en la aplicación de nuestras buenas políticas públicas y, lamentablemente, seguiremos viendo cómo la discapacidad continúa liderando uno de los rankings más tristes de nuestro país, el de demandas por discriminación.
