Foto: Archivo Copesa | 🕓 Tiempo de lectura: 7 minutos
En conversación con La Tercera, nuestro exministro Gonzalo Blumel comparte análisis y reflexiones políticas, y comenta también sobre su libro «La Vuelta Larga», hace poco presentado, su testimonio sobre el estallido social que se produjo durante el gobierno de Sebastián Piñera.
¿Por qué escribir un libro?
Hubo dos razones. La primera, porque lo que ocurrió el 18 octubre -y los meses siguientes- fue una crisis política muy profunda, donde la democracia tambaleó. Me pareció importante registrar esos hechos, ordenarlos y evitar que el olvido los engullera, como señala Irene Vallejo en El infinito en un junco. En segundo lugar, porque me pareció razonable tomar un tiempo prudente para reflexionar. A pesar de las dificultades, el estallido significó una curva de aprendizaje. Lo que uno observa es que el octubrismo, esa pasión refundacional amparada en la estridencia, incluso en la violencia callejera, está de capa caída. Hay un retorno a la moderación, a los acuerdos, hasta cierto punto una revalorización de la discusión democrática.
Cuando se hace cargo del Ministerio del Interior -en octubre de 2019, a 10 días del estallido social- le tocó encabezar las tratativas con la entonces oposición para enfrentar la crisis. ¿Con qué se encontró?
Al momento de asumir me encontré con los puentes de diálogo cortados entre la oposición y el gobierno. El mundo de la izquierda estaba cohibido u obnubilado con las posiciones más duras. El 31 octubre -dos semanas después del estallido- se logró concretar una reunión en La Moneda donde asistieron prácticamente todos los partidos de gobierno y oposición. En esa reunión se empezaron a delinear las primeras ideas, muy preliminares, respecto a cómo ir encauzando la crisis a través de una solución política basada en el diálogo más que en la imposición de la fuerza.
¿De no producirse la discusión constitucional se pudo terminar abruptamente el mandato de Piñera?
Tengo la convicción de que si no hubiésemos podido alcanzar un acuerdo el 15 de noviembre, el sistema democrático podría haber terminado colapsando. Probablemente el gobierno podría haber enfrentado dificultades políticas profundas; buena parte de la oposición se estaba tentando con empezar a pedir la renuncia al Presidente… Sin duda, había riesgo de colapso. No tengo ninguna duda de que ese fue el momento de mayor debilidad que ha enfrentado nuestra democracia desde 1990 a la fecha.
¿Cuánta conciencia había en La Monedas sobre la fragilidad del gobierno?
Por supuesto que había conciencia. Había conciencia de que era necesario reconducir la crisis a un curso institucional, ¿no? Y de que la situación de violencia sobre todo no se desbordara, las fuerzas de orden y seguridad estuvieron completamente sobreexigidas para contener el orden público.
¿Qué convenció a la izquierda de sentarse a conversar y buscar una salida institucional?
Creo que fue el temor de que la crisis alcanzara niveles que la volvieran irreversible. Que se entrara en una espiral de caos y anarquía democrática. En estos procesos, cuando uno mira la historia de Chile y también de la región, uno sabe cuándo entra, pero no sabe cómo termina. En los sectores más moderados de la centroizquierda primó, al final, aunque hubo muchos titubeos, la conciencia de que estábamos jugando con fuego desde el punto de vista de la estabilidad democrática.
¿No se ha arrepentido de lo que significó el acuerdo del 15 de noviembre?
Me sigue pareciendo que fue la mejor respuesta posible que se podía construir dadas las circunstancias. Obviamente no era parte de nuestro programa de gobierno, no era parte de nuestro plan abrir una discusión que pudiera significar una nueva Constitución. Pero creo que el acuerdo del 15 de noviembre mostró que Chile todavía tiene suficiente resistencia institucional.
Me imagino que no será la primera vez que lo escuche: la apertura a esa discusión constitucional generó resentimiento en un sector de la derecha donde se piensa que el Presidente Piñera entregó la Constitución a cambio de salvar su gobierno…
Pero no fue a cambio de salvar el gobierno, fue a cambio de reguardar la estabilidad democrática. Si hay una cosa que es fundamental en Chile es preservar la estabilidad de los mandatos democráticos, que es una regla de oro de nuestro sistema democrático, al menos desde el 90 a la fecha: que los presidentes entran caminando por sus propios pies el día uno de su mandato y salen caminando por sus propios pies al término de este y que no hay argumento ni justificación que valga para interrumpir un mandato democrático. Ese es un mínimo democrático que uno esperaría que fuera un consenso ampliamente extendido. Lamentablemente, durante el estallido social hubo algunos sectores que lo pusieron en duda.
A las 3am del 15 de noviembre de 2019, el entonces ministro Blumel informa a la ciudadanía sobre el acuerdo recién firmado por las fuerzas políticas del país. (Imagen: captura Megamedia)
¿Cuánto se entusiasmó la izquierda con botar a Piñera?
Mucho. Distinguiría dos etapas desde el estallido a la fecha. La primera que fue desde el 18 de octubre hasta el acuerdo de noviembre, donde la izquierda ultra coqueteó con el violentismo y por acción u omisión no solo no condenó la violencia, sino que en muchos casos la celebró para lograr derribar al gobierno. Y después del acuerdo del 15 de noviembre, cuando desde la izquierda más dura se opta por un camino distinto, que es usar de forma espuria las herramientas institucionales para derribar al gobierno y ahí viene toda una nueva etapa de acusaciones constitucionales, al Presidente lo acusaron en dos ocasiones, a muchos ministros, en particular a los ministros del Interior…
El Presidente terminó su mandato y la ciudadanía eligió a esos sectores más de izquierda que se entusiasmaron con el estallido social…
La ciudadanía lo que está buscando es respuestas, y en la última elección ante dos alternativas considero que una respuesta respondía mejor a esos anhelos, pero rápidamente al parecer comprendió que lo que proponía el gobierno del Presidente Boric no era lo que Chile necesitaba. Hoy lo que uno ve es bajo apoyo en las encuestas, mucha desafección a lo que está proponiendo el gobierno, reformas con bajísimo apoyo y -de hecho- en dos elecciones con voto obligatorio, como las del 4 de septiembre y del 7 de mayo, la ciudadanía masivamente votó en contra de las propuestas que estaba impulsando este gobierno y esta idea octubrista refundacional. La gente comprendió que el camino del octubrismo era un camino equivocado, pero hay que reflexionar por qué buena parte de la ciudadanía vio en dicha respuesta una solución a sus principales problemas. No sólo buena parte de la ciudadanía, de los académicos, intelectuales, periodistas, se dejó tentar por estas vías más rupturistas.
Una crisis como la que se vivió en octubre del 2019, ¿le habría pasado a un gobierno de izquierda?
Al menos creo que la centroderecha nunca hubiera actuado con ese nivel de deslealtad democrática para intentar derribar al gobierno frente a una crisis. Todo lo contrario: si uno mira desde el 90 a la fecha, en 2002-2003 fue la centroderecha la que le prestó una mano al gobierno de Ricardo Lagos para poder superar la crisis del MOP-Gate, y cuando se produce la crisis de los “pingüinos” en 2006 fue la centroderecha la que estuvo dispuesta a sumarse a un acuerdo por la educación durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet. Cuando gobernó la centroderecha algo ocurrió en el mundo de la izquierda y en particular de la centroizquierda, que en vez de buscar caminos de solución frente a las crisis que enfrentaron los dos mandatos del Presidente Piñera -en 2011 con la movilización estudiantil y en 2019 con la movilización social-, en vez de calmar la situación y generar diálogo hicieron todo lo posible por exacerbar la crisis y eso tiene que ver con que buena parte de la izquierda no le atribuye legitimidad a la derecha para gobernar. Esa es una actitud profundamente antidemocrática.
¿Y cómo lo ve encaminado?
Es preocupante, pero todavía pienso que estamos a tiempo de que se pueda construir en el Consejo Constitucional un acuerdo amplio, porque el Consejo no puede repetir el mismo error de la Convención Constitucional, que es dejarse conducir por un cierto ánimo de imponer mayoría y no buscar acuerdos amplios. Fracasar por segunda vez sería un error de proporciones inconmensurables y la vuelta puede ser larga, pero tampoco puede ser eterna. Lo que uno esperaría es que quienes tienen la responsabilidad de los liderazgos principales, en particular quienes lideran el Partido Republicano y también desde el gobierno, sean capaces de dialogar y construir un acuerdo constitucional para los próximos 30 o 40 años. Si no lo hacen, están renunciando a la tremenda responsabilidad histórica que les correspondió asumir en este momento.
Ha mantenido un perfil más bien bajo. ¿Le interesa volver a la primera línea política?
No tengo idea. No tengo ni un plan para el futuro y pienso que este es más un paréntesis que otra cosa. Pero hoy junto con escribir este libro intento aportar desde Horizontal, centro de estudios donde formo parte del directorio, ese es el espacio donde trato de contribuir a la discusión pública.
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