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La discusión respecto a la contratación de familiares en el Estado está lejos de cerrarse. El Gobierno impulsa un proyecto para aumentar las penas por cohecho y soborno, una de las aristas de una serie de acciones para aumentar la probidad de los funcionarios públicos. En tanto, Evópoli reafirma que su propuesta en la materia fue un compromiso de campaña y el diputado Andrés Molina valora que el Ejecutivo haya recogido una demanda que considera relevante para la ciudadanía.
¿Cómo evalúa proyecto de ley del Gobierno que adelantó el ministro Blumel y que regularía las contrataciones familiares «hasta las más altas autoridades»? El proyecto que ustedes propusieron no contemplaba incluir al Presidente.
Creo que, efectivamente hoy, generar que todas las personas que sean parientes de todas las autoridades, desde el Presidente hacia abajo, me parece muy bueno.
¿Por qué no lo incluyeron en el proyecto de ustedes?
Nosotros, justamente antes que el Presidente lo anunciara, elaboramos un proyecto, que por un lado tiene que ver con transparentar la declaración de intereses y patrimonio. Todas las autoridades están obligadas a entregar esta declaración. También incluimos un proyecto, los separamos en dos, porque uno necesitaba el patrocinio del Mandatario, lo que significaba darle más fuerza al sistema de Alta Dirección Pública. De esa manera incluimos también al Presidente, que fue lo que entregamos nosotros al Gobierno el día 4 de mayo, y ese proyecto es el que aparece plasmado en la propuesta de integridad pública del Presidente en forma completa.
¿Cuáles serían los requisitos en la ADP, en caso de que el Presidente quiera nombrar en un cargo de confianza a algún pariente?
Ahí lo que se hace es un perfil. En nuestro proyecto se fija un período corto en que se entrega un perfil del cargo para los efectos de que el consejo de ADP pueda certificar.
A su juicio, ¿le falta algo a la propuesta del Gobierno?
Lo que vimos del proyecto del Gobierno es que plasma estos dos proyectos: un sistema de ADP para todos los parientes y temas de patrimonio. Lo que sí sé del Gobierno es que su proyecto norma el ingreso de personas que no necesariamente son parientes, sino que han estado actuando en temas de lobby , por ejemplo, y que claramente no podrían entrar en la administración pública a participar en funciones que tengan relación con el lobby que ellos estaban haciendo previamente. Por otro lado, también norma la estadía de las personas, en el sentido de que hay quienes hoy día que ocupan áreas delicadas, más sensibles de la economía, donde no podrían salir e irse al sistema privado después de trabajar en el sistema público, por ejemplo, ministros en temas medioambientales.
Y respecto a la regulación de la contratación de familiares, ¿lo deja conforme?
El Gobierno amplía su proyecto de integridad pública más allá del tema de los familiares. Quiero referirme a lo importante que es que los diputados entren en este tema, porque lo que uno veía en la práctica anterior era que se instalaban parientes que no tenían los méritos suficientes en instituciones.
¿Dónde hay más parientes instalados? ¿En las regiones, en las directivas, en jefaturas de servicios?
-Yo creo que en el área de los diputados y de los alcaldes, y por eso es muy delicado, porque muchas veces la alcaldía es el gran empleador. Se produce ahí una suerte de sistema perverso en que se contrata a personas que trabajan en las campañas de reelección de los alcaldes, y no personas que tengan las condiciones y mérito.
¿Qué responde usted a sus pares de Chile Vamos que lo criticaron cuando presentaron el proyecto? Lo catalogaron de oportunista, porque estaba pasando lo de Pablo Piñera.
Ellos no leyeron «El Mercurio» dos semanas antes. Muchos de los diputados tenemos el defecto de que nos leemos solo a nosotros. Entonces, no se dieron cuenta de que esta es una ley que lleva mucho tiempo, fue un compromiso de campaña mío y está en la línea de lo que los chilenos quieren.
La UDI dijo que había que enfocarse en lo que quería la gente, en lo más social, más que hablar de esto.
Creo que hoy día el sector público está muy desprestigiado por este tipo de acciones, las que llevan bastante tiempo y claramente los chilenos las castigan. Hoy por hoy, en el Estado se están pagando sueldos que son perfectamente comparables e incluso mejores que el sector privado. Por lo tanto, no tenemos por qué conformarnos con la mediocridad en el sistema público y, al mismo tiempo, personas que son verdaderos operadores. Esta fue también parte de la campaña primaria de Felipe Kast, lo dijo muchas veces: fuera los operadores políticos. Habló de 15 mil operadores que había en el gobierno, no son de un partido. Aquí yo quiero referirme a algo: el valor que esto tiene es hacerlo cuando eres gobierno, tiene un valor adicional. Porque hacerlo desde la oposición tiene menos valor, pero también creo que hay personas que se están sumando a esto.
Fuente: El Mercurio
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