En relación a los llamados públicos de autoridades de gobierno y del propio Presidente a impulsar un Acuerdo Nacional por la Seguridad, desde Evópoli declaramos lo siguiente:
Compartimos la preocupación por el aumento de la violencia, los delitos y los altos niveles de inseguridad que actualmente sufren a diario los chilenos y chilenas, empatizando con el miedo que viven a diario. Es función primordial del Estado, sea quien sea quien gobierne, asegurar el imperio de la ley y garantizar el estado de derecho, haciendo uso del monopolio legítimo de la fuerza que le fue conferido.
Una condición necesaria para combatir la violencia es que esta nunca puede relativizarse. La supuesta legitimidad de los fines que ciertos grupos reivindican, nunca debe confundirse con la ilegitimidad de los medios. Hacerlo termina justificando y normalizando la violencia.
Las recientes declaraciones de las ministras de Interior y Justicia, señalando que los balazos en Temucuicui son “actos de protesta” o el ánimo de la ministra de Justicia de impulsar la impunidad para los delincuentes del estallido, o su negativa de calificar como “homicida” a Celestino Córdova resultan especialmente graves, ya que entregan señales equívocas a la ciudadanía, que entrampan las posibilidades de sentarnos a conversar genuinamente basándonos en un diagnóstico compartido.
Las vacilaciones en esta materia implican una renuncia inaceptable al rol que les compete. La violencia y la inseguridad son problemas que debe ser abordado como política de Estado por el gobierno en ejercicio y que sus soluciones, no son patrimonio de ningún sector político.
El Acuerdo Nacional al que llama el ejecutivo hoy ya existe. Hacemos un llamado al Gobierno – que ya cuenta con las herramientas administrativas y legislativas- a avanzar en proyectos que requieren de urgencia y voluntad, como la ley de usurpaciones; ley protección infraestructura crítica; ley antinarcotráfico y crimen organizado; estatuto protección de las policías, entre otros. Una vez que el Ejecutivo decida avanzar en ellas, contará con todo nuestro apoyo y votos.
Por último, reiteramos nuestra disposición a participar en una mesa de trabajo que busque proyectar también en el mediano plazo, una política de Estado respecto a la modernización de las policías y la necesidad de contar con una nueva ley de inteligencia. Distinguiendo siempre la importancia de atender lo urgente y avanzar en lo importante.
