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Entidad acogió la presentación de la Corporación del Trasplante y del senador Felipe Kast, quienes manifestaron su oposición a las consecuencias de su primera interpretación.
Este año se encaminaba a ser el peor para el sistema de trasplante de órganos en el país desde que se tiene registro.
La razón, según habían señalado expertos y autoridades del Ministerio de Salud, fue una interpretación que hizo la Contraloría Regional Metropolitana a fines del año pasado, donde estableció que los familiares no podían decidir donar los órganos de un ser querido si este aparecía inscrito en el registro de no donantes.
Esa instrucción se entregó a todos los hospitales de alta complejidad del país -capaces de pesquisar potenciales donantes-, y, luego de ello, las cifras de donación de órganos cayeron casi a la mitad comparando el primer semestre de este año (52 donantes) con el mismo período de 2017 (96).
Ante ello, en junio, la directiva de la extinta Corporación del Trasplante y el senador Felipe Kast (Evópoli) le pidieron al contralor general, Jorge Bermúdez, revisar el tema. Eso ocurrió y, según se le notificó ayer al parlamentario, el ente fiscalizador reconsideró su primera interpretación, con lo cual se podría revertir la baja en las donaciones.
Actualmente, más de 3,9 millones de personas aparecen en el registro de no donantes de órganos, es decir, el 22% de la población del país. Gran parte de ellos (3 millones 889 mil) quedaron inscritos allí entre 2010 y 2013, cuando esa decisión se expresaba al hacer trámites como sacar carné de identidad o licencia de conducir y existían quejas de personas que aseguraban que nunca se les había preguntado si querían o no ser donantes.
Cuando la ley cambió (en 2013) se estableció que la decisión de no donar se debía hacer en una notaría. Desde entonces, casi 12 mil personas han hecho ese trámite y ellas se sumaron a los 3,8 millones anteriores.
Precisamente ese fue el problema, según expertos, pues en el grupo inscrito entre 2010 y 2013 en el registro existía una «duda razonable» sobre la calidad de donante (o no) del fallecido y por eso se requería la opinión de los familiares, según la presentación hecha por el abogado de la ex Corporación del Trasplante, Diego Vio.
Ese argumento fue recogido por el contralor Bermúdez, quien en su reconsideración plantea que «no resultó procedente (…) que se objetara el procuramiento de órganos de personas inscritas en el referido registro de no donantes por decisión de sus familiares».
Con lo anterior se elimina la prohibición de preguntar a los familiares de inscritos en el registro de no donantes si cederían los órganos de su ser querido. Para el senador Kast «es una buena noticia porque puede significar un aumento sustantivo en la donación de órganos. Va a tener un impacto inmediato, porque se abren las posibilidades que se habían cerrado».
Lo mismo plantea la ex presidenta de la Corporación del Trasplante y consejera regional del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, quien destacó que «el contralor actuó de manera diligente, haciéndose cargo de las consecuencias de su primer pronunciamiento y buscando interpretar la ley respetando la prudencia del juicio médico y el derecho a la vida de quienes están esperando un órgano».
Según Arriagada, si esto no ocurría, considerando la tendencia entre enero y abril de este año, «2018 había terminado con una caída de 50% de trasplantes de riñón, 40% de corazón e igual porcentaje de hígado. O sea, un desastre».
Igualmente, para zanjar de manera definitiva el problema, en el Senado hay un proyecto de ley que busca rehacer el registro de no donantes pidiendo ratificar la decisión de no donantes para quienes quedaron anotados allí antes de 2013.
A la fecha hay 3,9 millones de personas inscritas como no donantes de órganos.
Fuente: El Mercurio
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