Este martes 23 de abril se dio por finalizada la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por los socavones registrados en agosto y septiembre del año pasado en Reñaca, en el campo dunar que se extiende entre Viña del Mar y Concón, donde dos grandes desplazamientos de material hicieron que se evacuaran más de 100 familias de cuatro edificios aledaños.
La comisión cerro su trabajo con una fuerte molestia transversal de los diputados hacia el Gobierno central y el municipio de Viña del Mar liderado por la frenteamplista Macarena Ripamonti, quienes, según los parlamentarios, no prestaron debida colaboración en la indagatoria.
Nuestro diputado Hotuiti Teao fue categórico. «Aquí hubo una obstrucción por parte del Ejecutivo y de las instituciones públicas que no permitieron que ejerciéramos nuestra labor de fiscalización, tanto en la Comisión Investigadora, como en nuestro rol individual de legisladores. A la fecha se han respondido sólo 20 de 76 oficios elevados. Eso es una burla a nuestra labor y un incumplimiento a la ley que les compete como entidades del Estado», dijo.
Tras haber aprobado el informe final de la Comisión, Teao sostuvo que «nos vemos obligados a presentar un proyecto que sancione la no respuesta a nuestras fiscalizaciones.»
Teao además anunció la presentación de otra iniciativa legal a fin de que los permisos ambientales se exijan a las empresas previa construcción de las edificaciones. “Si bien podemos cuestionar moralmente la responsabilidad social empresarial de los privados, debemos señalar que estos se ciñen a una ley que lamentablemente está mal hecha. Por eso, como oficina parlamentaria, anunciamos que estamos estudiando la admisibilidad de un proyecto que modifique el artículo 10 de la nueva ley general de Urbanismo y Construcciones, a fin de que se solicite un estudio ambiental previo a la construcción de las edificaciones. Allí radica la problemática mayor que dio pie a todo esto, sumada a la falta de mantenimiento de colectores, responsabilidad absoluta del Ministerio de Obras Públicas”.
Hotuiti también apuntó directamente a Macarena Ripamonti: «Si bien no podemos fiscalizar a las municipalidades, sí debemos decir que la alcaldesa sostuvo incluso reuniones con integrantes de Duna Viva, donde se le solicitó que tomara acciones legales contra el actual Director de Obras Municipales por autorizar obras que saturaron la zona y, también para extender la zona de amortiguación establecida en un plan de manejo del Campo Dunar del año 2021, a fin de seguir protegiendo la zona de una mejor manera, algo que a la fecha no ha realizado. Lamentamos que la autoridad comunal no concurriera a ninguna instancia a dar cuenta de aquello».
El informe final de la comisión concluye que hay responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, en cuanto al colector de aguas lluvias que colapsó. También el informe determina que hubo «falta de servicio» del Estado, causando un daño directo a ciudadanos dueños de los inmuebles y departamentos afectados, los que -vale la pena recordar-, incluso sufrieron robos una vez evacuados. A su vez, el informe plantea un llamado de atención a las distintas autoridades que se invitó, citó y que no concurrieron, entre ellas el Municipio de Viña del Mar, institución que se catalogó en el informe final como responsable, junto a la Delegación Presidencial Regional (cuya titular es Sofía González, PC) en cuanto al segundo socavón.
