Con 74 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de ChileVamos de activar una Comisión Investigadora destinada a esclarecer las irregularidades del fallido proceso de compra del inmueble que perteneció al expresidente Salvador Allende, ubicado en la comuna de Providencia.
La instancia buscará esclarecer los hechos ocurridos durante la transacción, que incluía como vendedoras a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende (ambas PS), contraviniendo la Constitución que prohíbe a altos funcionarios, entre ellos parlamentarios y ministros, celebrar contratos con el Estado.
Además, se cuestiona el precio acordado, cercano a los mil millones de pesos, muy por encima del avalúo fiscal, lo que podría implicar un perjuicio para el patrimonio público. La instancia buscará establecer responsabilidades en 4 ministerios y también apunta al rol de la Presidencia en eventuales presiones para materializar la compra.
Tras aprobarse el texto en la sala de la Cámara, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, dijo que “la celebración del contrato de compraventa entre el Estado, la ministra Fernández y la senadora Allende, es a todas luces un ilícito constitucional que vulnera de forma expresa disposiciones que prohíben la celebración de contratos con el estado a ministros y senadores mientras esté en el ejercicio de sus cargos. Por lo mismo, se hace urgente y necesario establecer las instancias que sean necesarias para conocer quienes fueron parte, ocultaron, omitieron o intencionadamente, buscaron vulnerar una norma de rango constitucional. Esperamos que la Comisión investigadora aclare y establezca todas las responsabilidades existentes. Nunca podemos mirar para el lado los ilícitos, sea quien sea el o las responsables”.
«La magnitud del error y de la irregularidad cometida derivó incluso en la solicitud de renuncia por parte del Presidente de la República de la Ministra de Bienes Nacionales, doña Marcela Sandoval. Los cuestionamientos han seguido igualmente respecto de la Ministra de Defensa Nacional y de los equipos técnicos de los ministerios que participaron en la operación, quedando aún muchas interrogantes en relación a la forma en que se gestó este negocio inmobiliario”, indicaron los legisladores.
La diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de RN, destacó: «Esta comisión investigadora es un hito en el rumbo que nos hemos trazado como Chile Vamos de traer transparencia en una operación que es abiertamente ilegal y contraria a la probidad. No podemos solo centrarnos en la salida de la ministra Fernández y la senadora Allende. Acá hay una serie de irregularidades, y parece sospechoso que nadie de los equipos jurídicos haya salido de su cargo… es como si hubiesen advertido, pero nadie en el gobierno decidió hacerles caso.»
Por su parte, el diputado Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI, enfatizó: «Todo abogado y jurista serio, incluso exintegrantes del Tribunal Constitucional, han manifestado que se ha transgredido el artículo 37 bis y el 60 de la Constitución. Por ello, a través de esta Comisión Investigadora buscaremos también establecer si existen responsabilidades políticas respecto de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.»
Además, los parlamentarios cuestionaron a quienes no advirtieron la irregularidad: «De ahí que se discuta la impericia de los equipos técnicos de los ministerios involucrados en la operación que no advirtieron la evidente irregularidad que suponía la firma de la escritura, en tanto importa la transgresión de prohibiciones normativas del más alto rango y que buscan conservar principios cardinales del Estado democrático.»
La comisión tendrá un plazo de 60 días para emitir un informe de lo investigado.
