A dos años de iniciado este gobierno, el Presidente de la República finalmente ha presentado el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional Integral de Cuidados, una ambiciosa política pública que busca abordar un problema genuino y urgente: el drama humano que viven diariamente quienes ejercen el rol de cuidadores sobre uno de sus seres queridos.
Como persona con discapacidad, comprendo la dura realidad que enfrentan los cuidadores. En mi caso, siempre estaré eternamente agradecido a mis padres, quienes a través de sus cuidados me han dado las herramientas necesarias para participar con igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Sin embargo, entiendo que este sacrificio personal es enorme y difícil de sobrellevar. Son millones los que hoy deben sacrificarse y postergarse a sí mismos para cuidar de sus parientes.
Las cuidadoras necesitan el cuidado del Estado, en conjunto con las familias y las organizaciones de la sociedad civil, para compartir la carga que enfrentan. Lamentablemente, el proyecto que discutiremos en la Comisión de Desarrollo Social pareciera ir en la dirección incorrecta.
La respuesta que el gobierno propone a la falta de apoyo integral, se fundamenta casi exclusivamente en la creación de un complejo entramado burocrático sustentado en una nueva Secretaría de Apoyos y Cuidados. Sobre su necesidad y eficiencia surgen serias dudas. A esto se suman definiciones que, además de ser inconsistentes con otros proyectos de ley, resultan excesivamente abiertas a la hora de establecer la dependencia. Si, como propone el proyecto, se entiende por dependiente a quienes no hayan alcanzado su plena autonomía, una definición tan amplia hará imposible focalizar el apoyo en las cuidadoras que lo necesitan.
La entrega de nuevos derechos, por sobre políticas focalizadas y más eficientes, es una herramienta persistente en el actuar legislativo del gobierno que abre el camino a la judicialización. Ya vemos en otros ámbitos cómo se busca forzar la mano del Estado. Y la guinda de la torta se encuentra en un gasto que, aunque progresivo en sus orígenes, aspira a alcanzar el 0,3% del PIB para financiar esta nueva política pública.
Ante esto, uno puede preguntarse de dónde van a salir los recursos en un país con su economía estancada, quién responderá cuando malas definiciones normativas y falta de coordinación de los programas existentes den pie a injusticias y abusos, y cómo se enfrentará el escenario en que se busque asegurar los nuevos derechos, no mediante decisiones de la autoridad política, sino que a través de la vía judicial. Es legítimo plantear estas preocupaciones frente a lo que lamentablemente parece ser un proyecto buenista, bien intencionado, pero deficiente en lo técnico.
Lo último que necesitan las cuidadoras es otro “Mejor Niñez” u otro “SLEP”. Y siendo este un tema donde el diagnóstico y el sentido de urgencia es común y transversal es necesario tener una discusión menos pasional y más técnica. De otra forma, terminaremos legislando nuevamente de manera irresponsable, siguiendo buenas intenciones, pero tomando malas decisiones, fallando a los cuidadores que nunca le han fallado a quienes requieren sus cuidados. Y de eso sí debemos cuidarnos.
