Nuestro país cambió. En las últimas décadas hemos vivido una profunda modernización económica y social, donde la pobreza se redujo de 68,5% en 1990 a un 8,6% en la actualidad y nuestro ingreso per cápita se multiplicó por cinco, pasando de ser el sexto de Latinoamérica al primero. Sin duda han sido grandes avances, los que lamentablemente no se han replicado de la misma manera a nivel institucional. El Estado no se ha transformado al ritmo que nos gustaría. Ha crecido en forma inorgánica, reaccionando ante hechos puntuales, y con tendencia a crear compartimientos estancos, producto de la falta de una estrategia integral.
El Presidente Sebastián Piñera presentó la Agenda de Modernización del Estado, cuyo objetivo es cambiar el paradigma en la materia. Una agenda de mediano y largo plazo que, mediante la acción permanente, permita contar con un Estado abierto, flexible e innovador al servicio de las personas. La misión es clara: llevar al Estado chileno -creado bajo la lógica imperante en el siglo XIX y parchado en el siglo XX- a las dinámicas propias del siglo XXI.
Todas las experiencias exitosas de modernización del Estado, dan cuenta de que cualquier proceso que apunte a tener éxito tiene que tener: una arquitectura institucional y una hoja de ruta. La primera condición busca darle gobernanza al proceso de modernización. Por esa razón, una de las primeras acciones que tomó el gobierno fue la creación del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado y el Comité Ejecutivo de Modernización del Estado. La hoja de ruta, supone que los cambios que han de realizarse deben ser continuos y pensados en el beneficio futuro. Este esfuerzo, sin embargo, no parte desde cero. La agenda que estamos impulsando se valió de propuestas, como la realizada por el Consorcio para la Reforma del Estado del 2009, o la del CEP del 2017, y la de los centros de estudio del 2018, entre otras.
Con esto, lo que buscamos es transformar una política de gobierno en una de Estado, con objetivos y acciones precisas. Esta agenda cuenta con 50 medidas de mediano y largo plazo, organizadas en seis ejes prioritarios: mejores servicios, mejor gestión del Estado, un nuevo estatuto del empleo público, fortalecer la transparencia y la probidad, modernizar y mejorar las instituciones públicas dotándolas de mayor flexibilidad, y perfeccionar el proceso de descentralización. El desarrollo de dichos ejes no será azaroso, sino que cuenta con tres estrategias transversales para su despliegue: una política basada en datos, una estrategia de servicios compartidos y la transformación digital del Estado, quizás el desafío más revolucionario y de mayor impacto ciudadano.
