✒️ Cristal Ovando y Cristian Jiménez | 📷 ChileVamos | ⌚ 3 minutos
Diputados de ChileVamos, representados por Jorge Guzmán, de Evópoli; Frank Sauerbaum (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI), fueron a a la Contraloría General de la República para solicitar la instrucción de un sumario administrativo por eventuales faltas a la probidad y a la legalidad en el Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Previsión Social, luego que se conociera un spot de propaganda sobre la reforma previsional, que ha sido difundido por el Gobierno.
En la presentación, los congresistas argumentan que “en la dramatización del video se minimiza la posición de las oposición, se simplifica el debate de manera tendenciosa y se desvirtúa el proyecto de ley con una vinculación a la Pensión Garantizada Universal (PGU), política pública vigente”.
Asimismo, se manifiesta que el video fue financiado por la Subsecretaría de Previsión Social; mediante un contrato que «impone» al Estado «un pago de $430 millones, suma que puede aumentarse hasta en un 30% a requerimiento de la contraparte técnica». Todo lo anterior, para «una difusión tendenciosa y favorable a la posición del Gobierno de turno sobre una iniciativa que se encuentra en pleno trámite legislativo».
Además, los parlamentarios recuerdan los límites normativos que tienen los ministerios respecto de gastos, explicando que es evidente “la prohibición de utilizar recursos para campañas que favorezcan al Gobierno si no se pudieren encasillar dentro de los fines institucionales. De hecho, dentro del catálogo de actividades que pudieren calificarse “gastos de publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones institucionales”, no se encuentran políticas públicas en fase de diseño ni tampoco proyectos de ley en trámite legislativo.
El jefe de la bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, afirmó que cree que “el ministerio del Trabajo ha cometido una falta grave a los principios de probidad y al principio de legalidad al financiar una campaña millonaria de carácter publicitario para una política pública que aún no existe en nuestro país”. Ahondó indicando que “esta campaña ha sido absolutamente tendenciosa, no mostrando con claridad la verdad respecto al proyecto de pensiones. Es por eso, que hemos recurrido a la Contraloría General de la República para que declare ilegal esta campaña publicitaria y se le exija al Ministerio del Trabajo dejar de difundir esta campaña, que se restituyan los fondos millonarios con los cuales se está financiando y además se definan las responsabilidades administrativas de todos aquellos que la han impulsado. Con los recursos de todos los chilenos no se puede financiar una campaña publicitaria que falta a la verdad, que no cumple con los principios de legalidad del gasto y que, por sobre todo, confunde y lleva a la población a tomar decisiones erróneas respecto del proyecto de pensiones que es tan importante para el país”, remató Guzmán.
Otro de los impulsores del requerimiento, el diputado RN de la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum, dijo que “el Gobierno está utilizando recursos públicos para poder promocionar una idea de proyecto de ley que no se ha aprobado y está claramente establecido en la norma de administración del Estado que solamente se pueden promover iniciativas ya aprobadas por el Congreso Nacional. La verdad es que el comportamiento del gobierno es difícil de comprender cuando nos llama a un acuerdo, a conversar y nos golpea con un video como éste, que quiere atribuir responsabilidades por no querer un mal proyecto que establece un sistema de reparto que rechaza a la gran mayoría de los chilenos”.
Por su parte, el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló que la objeción de ilegalidad se basa en que en el video de propaganda aparecen elementos que «fueron rechazados por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no existe en el proyecto y es evidente que no se puede promover algo que no está, no podemos hacer publicidad frente a algo que aún no es ley, que no es palpable. Esta es una forma de presionar al parlamento indebido, ilegal y arbitrario».
