Tras la conmoción pública que se ha generado por el caso de la fundación Democracia Viva, dirigida por militantes del partido Revolución Democrática, la que recibió vía trato directo $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por otro militante del mismo partido, y todos con vínculos con la diputada RD de esa región Catalina Pérez, los diputados Evópoli han activado distintas acciones de fiscalización para buscar sanciones ante eventuales delitos y cautelar que los recursos fiscales vayan a quienes realmente lo necesitan.
Es así como por medio de un oficio a Contraloría, la bancada solicitó investigar la legitimidad de convenios con otras instituciones sin fines de lucro a lo largo del país con el mismo modo de operar. El jefe de bancada Francisco Undurraga dijo que “la superioridad moral y escala de principios valores a los que alguna vez hizo mención el actual ministro Giorgio Jackson, quedaron en palabra muerta. Aquí, estamos viendo cómo lamentablemente recursos millonarios que debieran llegar a las personas con mayores urgencias de nuestro país, se quedan entrampadas en una caja pagadora”.
La presidenta regional de Evópoli Antogafasta, Yantiel Calderón, indicó en un video que «nuestra región no lo merece (esta situación), por todo lo que aporta al país. Esperamos que el viaje del ministro Montes a Antofagasta por este caso no sea un voladero de luces».
El diputado Hotuiti Teao, además, solicitó la realización de una sesión especial de la Comisión de Cultura de la Cámara para analizar la adjudicación de proyectos otorgados en la región de Valparaíso a la Fundación ProCultura, la que a nivel nacional ha recibido fondos por sobre los $700 millones entre marzo de 2022 y junio de 2023. “He solicitado que tengamos una sesión especial para analizar la situación de nuestra región, donde esperamos contar con la presencia de las autoridades regionales involucradas en las transferencias a la Fundación ProCultura y otras, con el objetivo de despejar cualquier manto de duda sobre las relaciones entre organizaciones y representantes de Gobierno», afirmó Teao.
Por su parte, el diputado por el Maule norte Jorge Guzmán, señaló que “entre más información tenemos de las transferencias que ha ejecutado el Minvu a distintas fundaciones del país, más dudas se nos generan, respecto a la correcta ejecución de recursos públicos. No puede ser que los recursos se utilicen para fines que no son los correctos y por sobre todo generen dudas, respecto a que el Minvu se esté transformando en una caja pagadora de favores políticos”, sentenció el congresista.
Más al sur, en Biobío, hay un fuerte debate por otro de los coletazos de este escándalo, que involucra a la Delegada Presidencial del Biobío, Daniela Dresdner. Se conoció la existencia de un trato directo que realizó el Serviu con la fundación Urbanismo Social, por un monto de 4.098 UF, unos $148 millones, y además se conoció que Daniel Andrade -de Democracia Viva- emitió boletas por casi 4 millones de pesos contra reembolso fiscal por la campaña senatorial de Dresdner en 2021.
Al respecto, nuestro senador por esa región, Sebastián Keitel, fue categórico: «Yo espero sinceramente que ella renuncie, por el bien de la región. Cuando tienes a la máxima autoridad regional, cuestionada hoy por sus vínculos con los responsables de posibles convenios truchos, lo que corresponde es salir del cargo. Primero, porque existe una responsabilidad política que debe ser asumida y segundo, porque aquí existe una investigación penal en curso que daña profundamente la fe pública». «No puede ser que tengamos a una persona preparando su defensa ante la justicia y al mismo tiempo, que sea la cara visible del Ejecutivo en la región, menos ahora cuando necesitamos que los damnificados por el sistema frontal, confíen en la institucionalidad y en las personas a cargo para resolver sus necesidades», añade el ex atleta.
Nuestro diputado por Magallanes Christian Matheson complementó: “esto traspasó todos los límites. Necesitamos mayores estándares de probidad, transparencia y, por qué no decirlo, honestidad de quienes gobiernan el país. En el caso de los gobiernos regionales también hay que investigar, conocer las eventuales transferencias directas de fondos, las posibles licitaciones realizadas, como también sus actas de apertura de propuesta y resoluciones de adjudicación, para poder determinar si se está haciendo un buen uso de los recursos, o se están utilizando solo en beneficio de algunos pocos”, indicó el diputado magallánico.
