A cinco años de la asonada, ChileVamos urge a Pdte. Boric revisar continuidad de funcionarios que apoyaron la violencia

A cinco años de la asonada, ChileVamos urge a Pdte. Boric revisar continuidad de funcionarios que apoyaron la violencia

En la semana en que se cumplen 5 años del denominado «estallido», —asonada, en el análisis de la académica Lucy Oporto— las directivas de ChileVamos, se reunieron hoy lunes en el Palacio de La Moneda para entregar al Presidente Boric una carta en que demandan que «rechace la violencia» y tome medidas que «hagan fe» de su compromiso con la democracia y la paz.

Los representantes de Evópoli, Renovación Nacional y la UDI, manifestaron que «nuestro país está peor que hace 5 años atrás», y que ahora «hay más pobreza, más violencia». 

Gloria Hutt, timonel de Evópoli, llamó al Presidente Boric a «revisar la continuidad en los cargos de funcionarios que explícitamente apoyaron la violencia» y el apoyo a candidaturas que «ahora están representando al oficialismo en cargos de elección popular». En específico, Hutt citó los casos de Alejandro Navarro, que busca la Gobernación del Biobio, Irací Hassler que quiere ser reelecta en Santiago, el director de Metro Nicolás Valenzuela, el jefe de gabinete del ministro de Agricultura, Jonatan Díaz; Fabián Luengo, actual fiscal de CONAF, entre otros. 

«Creemos que el país necesita un mensaje claro sobre el camino democrático, de los acuerdos y de la tranquilidad y la paz que nuestro país necesita», añadió Hutt, también en relación a los indultos y las pensiones de gracia concedidas durante el estallido social.

Lo único que se podría rescatar en estos 5 años, de lo que fueron las demandas sociales, es la PGU que implementó el gobierno del presidente Piñera. En todo lo demás ha habido retroceso y eso está muy vinculado al clima de violencia y de deshonestidad», señaló el senador Rodrigo Galilea, presidente de RN.

En la misiva, el conglomerado también pide al Jefe de Estado “dar gestos democráticos y renovar sus credenciales, dejando sin efecto los indultos y las pensiones de gracias otorgadas a sujetos que fueron irregularmente acreditados como ‘victimas’ en un proceso del todo viciado y custodiado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no cuenta ni con las competencias ni con la objetividad para acreditar victimización”.

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