✒️ Cristian Jiménez | 📷 Archivo | ⌚ 3 minutos
Esta jornada, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud impulsada por las bancada de ChileVamos, que busca la remoción de la directora de Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, y del consejero Francisco Ugás. La sala aprobó la moción con 66 votos a favor -incluyendo los votos de la Bancada Evópoli-, 51 en contra y ocho abstenciones.
Cabe acotar que nuestro Diputado Francisco Undurraga estaba ‘pareado’ y no votó por encontrarse en Talcahuano en gestiones como Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara.
En su solicitud los diputados de ChileVamos argumentaron «negligencia manifiesta e inexcusable» en el ejercicio de las funciones de Contreras y Ugás, lo que se tradujo en una serie de acciones legales consideradas inapropiadas y fuera del marco de las competencias del INDH, cuestiones que acarrearon diversas críticas y acusaciones a la gestión de Contreras al mando del organismo y su posible «politización».
“El Instituto Nacional de Derechos Humanos obró arbitrariamente y al margen de su habilitación legal, contraviniendo el Principio de Legalidad que rige la actuación de los órganos del Estado, comprometiendo con ello la correcta utilización de los recursos fiscales de que dispone para el cumplimiento de su labor y afectando de paso la independencia exigida en el cumplimiento de su rol”, se indica en el escrito de solicitud de remoción.
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En relación con Ugás, por otra parte, el texto puntualiza que “como abogado, es representante del Sr. Rafael Harvey, querellante en el denominado caso “Operación Topógrafo”, en que se han formulado cargos punibles respecto de distintas personas por la realización de escuchas telefónicas ilegales y otra clase de intromisiones eventualmente injustificadas en la vida privada de particulares”.
“Sin duda, la acción iniciada por el Instituto se erige como una arista en dicho caso, el denominado “Operación Topógrafo”, que es favorable para el señor querellante en cuanto desprestigia el rol desempeñado por el ex Ministro de Corte que ha resultado imputado. Con todo, al obrar como querellante, el Consejero Ugás Tapia tiene un interés patente”, fustigan.
Por último, señalan que “el propio fin perseguido por los Consejeros que promovieron la actuación ilegal, entre los que se cuenta su actual Directora, permite inferir una inclinación política, de activismo o captura de la entidad”.
Ahora, la Cámara remitirá la solicitud a la Corte Suprema, instancia que por ley es la facultada para definir la remoción definitiva de los dos involucrados. La Corte conocerá del asunto en un pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.
