Bancada de Evópoli, junto a representantes de la Asociación para la Paz y Reconciliación de la región y del gremio de los Camioneros de la zona, presentaron las crifras al Fiscal Nacional y acusaron que que la unidad persecutora de la región no entrega garantías a los denunciantes y víctimas de violencia.
Hasta la Fiscalía Nacional llegó este lunes la bancada de parlamentarios de Evópoli de La Araucanía acompañados de Justo Gutiérrez, vicepresidente de la Asociación para la Paz y Reconciliación de la región; y Alejo Apraiz, presidente del gremio de los Camioneros de la zona.Esto con el fin de solicitar uegncia en el perfeccionamiento de La Fiscalía de Alta Complejidad de la región, esto luego que en 2018 se documentaran 270 atentados en la zona y solo, en menos del 2% de los casos, condenados por los hechos.
La cita fue encabezada por los senadores Carmen Gloria Aravena y Felipe Kast; y los diputados Sebastián Álvarez y Andrés Molina, quienes manifestaron su preocupación al Fiscal Nacional Jorge Abbott de que la unidad persecutora de la región no entregue garantías a los denunciantes y víctimas de violencia y atentados.
Según cifras del Poder Judicial la región atraviesa un periodo crítico donde impera la impunidad. En el 2018 la Fiscalía Regional de La Araucanía recibió 270 causas por delitos vinculados al delito de violencia rural, 49 ingresos más que en igual período del año anterior, lo que representa, a igual fecha, un incremento de un 28%.
Según el diagnóstico exhaustivo realizado por la bancada, entre los mayores déficits que presenta la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía son: la falta de recursos, ausencia de estatuto que proteja a las víctimas, testigos y fiscales (por temor a represalias); dificultades en la carga de probatoria, ineficacia en la persecución de delitos terroristas y dotación de personal insuficiente.
Actualmente la región cuenta con tres fiscales jefes (Lautaro, Victoria y Collipulli) y tres fiscales adjuntos. Si bien se aumentó la dotación de personal, estos no solo deben asumir la carga de las investigaciones de violencia rural y delitos de carácter terrorista, sino además, aquellas que se asignan conforme a las cargas de sus propias fiscalías locales, lo que dificulta el desarrollo de investigaciones con mayor dedicación.A su vez la mayoría de los fiscales jefes deben asumir labores administrativas propias de su cargo.
Hoy en Chile no tenemos fiscales especializados para perseguir delitos terroristas y delitos comunes propios y recurrentes que se suscitan en la Región de la Araucanía.Peticiones concretas.
Los parlamentarios realizaron un petitorio al fiscal Jorge Abbott que alude a un perfeccionamiento de la Fiscalía de Alta Complejidad de la región, que propone como prioridad subdividir la Unidad Investigativa en tres áreas: una encargada de la violencia rural, otra de derechos humanos y una tercera de Alta Complejidad.
La iniciativa propone además la modificación de un catastro respecto a las causas asociadas de la región. Porque los hechos vinculados a la violencia rural, han venido ocurriendo a lo largo de toda la historia de la Fiscalía en La Araucanía, dejando consigo un universo de información que se pierde en la memoria de sus protagonistas, sin que se haya realizado respecto de ella, ninguna medida destinada a recopilar esa información y obtener una visión pormenorizada al respecto.
Para enfrentar el tema, es necesario levantar información respecto a todas las causas que han sido asociadas a violencia rural, de manera de conocer cuáles son los delitos más frecuentes, modo de operar, identificación de patrones de conducta, frecuencia de días y hora, organización y entidades adjudicatarias, distribución geográfica y desplazamiento, entre otros.
El objetivo de esto es poder contar con información de forma concreta.La tercera modificación apunta a la subdivisión en unidad de juicios y evidencia. Esto por la complejidad de las investigaciones y la gran cantidad de pruebas levantadas en los sitios del suceso, hace imprescindible el contar con funcionarios que conozcan y resguarden con el cuidado necesario las pruebas que servirán de base para obtener resultados en la judicatura.
Por eso se estima necesario crear una unidad específica que propenda al mejor funcionamiento de esta etapa de la persecución penal.»Nuestra propuesta es contundente y estamos convencidos que no puede esperar. La región merece trato especial porque ocurren situaciones particulares. Necesita más recursos y dotación de personal acorde», sentenció el diputado Sebastián Álvarez.
Fuente: Soy de Chile
