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Hoy 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Un momento oportuno para que Chile reflexione acerca de la urgente necesidad de generar respuestas no tradicionales a las estrategias, que bien funcionaron en el pasado para reducir la pobreza, pero que esta vez permitan abordar de manera diferente esa problemática social para derrotarla definitivamente, junto con avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.
Qué duda cabe: en los últimos 11 años Chile logró disminuir notablemente la situación de pobreza medida por ingresos, desde el 29,1% en 2006 al 8,6% el año pasado, según la Encuesta Casen 2017. Sin embargo, aún tenemos grandes tareas pendientes.
Según la misma encuesta, en Chile aún existen más de 1,5 millones de personas que viven en situación de pobreza, de la cuales 412 mil están en condición de extrema pobreza. Una estadística que como país debe avergonzarnos.
La pobreza no es solo una cuestión económica, de falta de ingresos. Se trata de una realidad multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad.
Por lo tanto, hoy más que nunca las estrategias para abordarla en su total complejidad requieren de una mirada y un enfoque interdisciplinario, que conecte el mundo público con el privado y la sociedad civil. Así lo estableció Chile el año pasado, cuando en pos de avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestro país definió la necesidad de promover políticas que consideren el trabajo intersectorial entre diversos organismos públicos y privados. Entonces, nuestro país destacó “la responsabilidad compartida entre Estado, sociedad civil y agentes económicos para un desarrollo económico y social”.
Un ejemplo exitoso de la capacidad para generar espacios de trabajo colaborativo entre diferentes agentes públicos, privados y de la sociedad civil en ayuda de las personas más vulnerables es Código Azul, plan de emergencia que el invierno pasado se implementó, por primera vez en Chile, para proteger del frío a las personas en situación de calle. En él, participaron coordinadamente 76 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.
El Mapa de la Vulnerabilidad, lanzado ayer por el Presidente Piñera, también apunta a vincular a ministerios y servicios públicos con la sociedad civil y el sector privado, líderes sociales y universidades, que puedan aportar a la solución de los problemas que impiden la superación de la pobreza.
Las personas que viven en la pobreza tropiezan a diario con enormes obstáculos de índole económico, cultural y social, de discriminación y exclusión. La pobreza es un problema de derechos humanos. Erradicarla es un deber moral, una obligación que tenemos como país, una deuda pendiente de nuestra sociedad. Entre todos, podemos aportar y contribuir en el diseño e implementación de estrategias eficaces que generen un verdadero cambio social, que permita construir un Chile que no deje a nadie de lado, más justo y solidario.
Hoy 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Un momento oportuno para que Chile reflexione acerca de la urgente necesidad de generar respuestas no tradicionales a las estrategias, que bien funcionaron en el pasado para reducir la pobreza, pero que esta vez permitan abordar de manera diferente esa problemática social para derrotarla definitivamente, junto con avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.
Qué duda cabe: en los últimos 11 años Chile logró disminuir notablemente la situación de pobreza medida por ingresos, desde el 29,1% en 2006 al 8,6% el año pasado, según la Encuesta Casen 2017. Sin embargo, aún tenemos grandes tareas pendientes.
Según la misma encuesta, en Chile aún existen más de 1,5 millones de personas que viven en situación de pobreza, de la cuales 412 mil están en condición de extrema pobreza. Una estadística que como país debe avergonzarnos.
La pobreza no es solo una cuestión económica, de falta de ingresos. Se trata de una realidad multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad.
Por lo tanto, hoy más que nunca las estrategias para abordarla en su total complejidad requieren de una mirada y un enfoque interdisciplinario, que conecte el mundo público con el privado y la sociedad civil. Así lo estableció Chile el año pasado, cuando en pos de avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestro país definió la necesidad de promover políticas que consideren el trabajo intersectorial entre diversos organismos públicos y privados. Entonces, nuestro país destacó “la responsabilidad compartida entre Estado, sociedad civil y agentes económicos para un desarrollo económico y social”.
Un ejemplo exitoso de la capacidad para generar espacios de trabajo colaborativo entre diferentes agentes públicos, privados y de la sociedad civil en ayuda de las personas más vulnerables es Código Azul, plan de emergencia que el invierno pasado se implementó, por primera vez en Chile, para proteger del frío a las personas en situación de calle. En él, participaron coordinadamente 76 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.
El Mapa de la Vulnerabilidad, lanzado ayer por el Presidente Piñera, también apunta a vincular a ministerios y servicios públicos con la sociedad civil y el sector privado, líderes sociales y universidades, que puedan aportar a la solución de los problemas que impiden la superación de la pobreza.
Las personas que viven en la pobreza tropiezan a diario con enormes obstáculos de índole económico, cultural y social, de discriminación y exclusión. La pobreza es un problema de derechos humanos. Erradicarla es un deber moral, una obligación que tenemos como país, una deuda pendiente de nuestra sociedad. Entre todos, podemos aportar y contribuir en el diseño e implementación de estrategias eficaces que generen un verdadero cambio social, que permita construir un Chile que no deje a nadie de lado, más justo y solidario.
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